UBER VS TAXI Round 2

En este conflicto de intereses para ambos bandos, pero que al final al que terminará por afectar o beneficiar al usuario, lo lógico y que daría una solución eficaz al problema, no sería subir los costos por parte del GDF para Uber, sino bajar los costos a los taxis, pero…

El gobierno de Miguel Ángel Mancera lo que hace es administrar el problema, y repite la fórmula de Napoleón: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”. Y en efecto, esa comisión es la que ha nombrado Mancera, y el Senado no se ha quedado atrás. Resolver el asunto sería muy fácil en un estado de derecho, pero resulta muy complicado hacerlo en el Distrito Federal y en el país.

De entrada, la lógica aconseja que la primera medida sea bajar los requisitos a quienes quieren prestar el servicio de taxi, no subirlos a Uber. Se requiere un periodo de transición con los taxistas que ya se vieron obligados a sufragar la corrupción del gobierno de la ciudad, y retribuirles con dinero o con exenciones fiscales, vales de gasolina y algunos otros estímulos. Sólo así se podría empezar de nuevo, haciendo de esta crisis una oportunidad para combatir la corrupción –la experiencia comparada está llena de ejemplos de buenas prácticas dignas de registro– y privar de los beneficios de ese periodo de transición a los políticos y personajes públicos que, usando sus cargos o relaciones, poseen, prestanombres de por medio, cientos o miles de placas de taxi.

De este modo, las cosas podrían empezar a cambiar. Por desgracia, reconozco que es un buen deseo mío, porque el gobierno de Mancera es parte del problema, no de la solución. Como en toda democracia, en el ámbito federal deben eliminarse los cotos de exclusividad a los taxis de aeropuertos, que son carísimos, para que cualquiera pueda dejar y recoger pasaje allí, como sucede en Estados Unidos. En este aspecto también debería existir un periodo de transición, exceptuando a los políticos y personajes públicos que lucran con el visto bueno de las autoridades del aeropuerto y de las centrales de autobuses, en perjuicio de los pasajeros.*

Para variar, la autoridad en lugar de velar por el bienestar de la ciudadanía, seguramente terminará por cargar su posición hacia su propio beneficio, con miras puramente recaudatorias, imaginando «cuanto dinero podrá dejar Uber con los costos que posiblemente les imponga para que pueda seguir operando en la ciudad».

Ojalá y todo se haga correctamente. De lo contrario será un mal precedente, un mal para el ciudadano y un mal para variar.

*Proceso

www.defensadeldeudor.org